La presente campaña política por la presidencia municipal de Solidaridad ha exhibido al equipo de campaña de la aspirante Lili Campos del PRI-PAN por ser operadores políticos de Filiberto Martínez.

El ex presidente municipal de Solidaridad Filiberto Martínez es repudiado socialmente por haber heredado una deuda pública de 386 millones de pesos y no realizó ninguna de las obras planeadas con dichos recursos.

El anterior titular de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), Emiliano Novelo Rivero, confirmó que el priísta Filiberto Martínez Méndez y su suplente Rafael Kantún Ávila, incurrieron en anomalías en el ejercicio del gasto público durante su gestión.

Con base en los resultados de la Cuenta Pública, el auditor estatal detalló que los exediles contrataron un crédito de 386 millones de pesos para la realización de ocho obras, la mayoría de las cuales no fueron concluidas según información publicada en NoticaribeNoticaribe.

“No está muy claro” el destino del crédito contratado cuando Martínez Méndez fungía como alcalde y José Luis Chanito Toledo–, como tesorero. (Hijo de Marciano Toledo, actual candidato por MC en Solidaridad)

A esa deuda, agregó, se suma otro crédito por 300 millones de pesos que solicitó el exalcalde interino priísta Rafael Kantún –quien sustituyó a Filiberto Martínez cuando este pidió licencia para ser candidato a diputado–, cuyo destino se desconoce hasta ahora.

Samuel García Sepúlveda, hoy candidato al gobierno de Nuevo León, es investigado pos autoridades federales por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya fue avisado y turnó la información a su área de fiscalización para verificar si detrás de estos movimientos de recursos existe algún financiamiento electoral ilegal, ya que en las transferencias detectadas hay depósitos a cuentas de Movimiento Ciudadano.

Entre las operaciones investigadas están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma; otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero; consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito, y diversos retiros por varios millones en efectivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrio una investigación contra el expresidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna por haber otorgado sin licitación contratos a empresas privadas en los que se presume un daño al erario.

De acuerdo con una fuente de Presidencia, la investigación está relacionada con contratos por casi 300 mil millones de pesos que se otorgaron a través de particulares para la administración de al menos ocho penales que se concesionaron en 2010 y 2011 sin licitación y de manera directa.

 Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se llegó a un acuerdo con las empresas que administraban esos penales, que le cuestan al año 16 mil millones de pesos al gobierno federal, continúan las investigaciones en contra de los servidores públicos que entregaron esos contratos que calificó de leoninos.

“Aclaro que este es un acuerdo de carácter administrativo; en lo judicial, el proceso continúa, sobre todo para que los involucrados en la entrega de estos contratos expliquen por qué se dieron estos contratos en estas condiciones, qué los llevó a decidir que se llevaran a cabo”, dijo.

Explicó que los contratos de ocho reclusorios se entregaron durante el gobierno de Calderón, cuando era García Luna secretario de Seguridad Pública.

“Ocho contratos onerosos que significaban pagar 16 mil millones de pesos al año a las empresas que recibieron las concesiones para administrar esos ocho reclusorios. Ya se llegó a un acuerdo, van a haber ahorros importantes, considerables”, detalló.